Kenia López Rabadán, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lanzó una advertencia directa al Ejecutivo Federal y a las fiscalías: la protección política a figuras bajo sospecha de nexos criminales es inaceptable. La legisladora señaló que el sistema de justicia mexicano enfrenta una prueba de integridad ante las listas de funcionarios señalados por el gobierno estadounidense.
La postura de la legisladora surge ante la creciente tensión diplomática generada por las investigaciones que vinculan a legisladores y exfuncionarios con grupos delictivos. López Rabadán fue enfática al declarar que el Gobierno no debe proteger a nadie, subrayando que la impunidad erosiona la confianza en la democracia y en la honorabilidad de las instituciones públicas.
El escrutinio se centró particularmente en la inasistencia del senador Enrique Inzunza a la Comisión Permanente, lo que fue interpretado como una evasión a la responsabilidad de dar la cara al pueblo. Para la vigilancia del poder, el silencio de los señalados ante el Congreso representa una falla en el mecanismo de pesos y contrapesos que rige la vida republicana de México.
López Rabadán puntualizó que la lucha contra la corrupción es un imperativo legal que trasciende las agendas partidistas. «El corrupto debe ir a la cárcel», sentenció, despojando la discusión de matices electorales y situándola en el terreno de la responsabilidad penal individual de cada autoridad involucrada en los procesos de investigación.
La fiscalización de las acciones gubernamentales también abarca la cooperación internacional. La diputada recordó que México está obligado a demostrar que es un socio confiable mediante el respeto a los tratados internacionales, sugiriendo que la inacción ante las pruebas externas de criminalidad compromete la posición geopolítica del país.
En una crítica hacia la narrativa oficial, se desestimaron las comparaciones entre las acciones de combate al narcotráfico y las omisiones en el caso Sinaloa. El perro guardián legislativo demanda que los resultados, como el desmantelamiento de laboratorios, no sean utilizados para encubrir la falta de investigación profunda sobre los nexos de alto nivel en la estructura del Estado.
El mensaje concluyó con una exigencia de honorabilidad para todos los niveles de gobierno. La vigilancia sobre gobernadores, alcaldes y poderes federales será constante, buscando que su labor se enfoque en desarticular al crimen organizado en lugar de aparecer en expedientes judiciales extranjeros por complicidad o financiamiento ilícito.
