En la agenda del Congreso apareció un tema que pocas veces se discute con suficiente profundidad: cómo frenar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que avanzó el dictamen que endurece las penas para quienes involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.
Hoy la ley contempla castigos de 7 a 12 años de prisión. La propuesta reforma el artículo 201 del Código Penal Federal para elevar la sanción hasta 20 años. En términos claros: se busca que el Estado imponga consecuencias más severas a quienes integren a menores a estructuras criminales.
El dictamen, resultado de iniciativas de diversas bancadas y una propuesta propia, será presentado para primera lectura y posteriormente discutido y votado en el pleno. Más allá del procedimiento legislativo, el mensaje político apunta a reforzar la protección de la infancia como prioridad del Estado.
López Rabadán sostuvo que el reclutamiento infantil es una práctica que provoca un profundo daño social y que debe detenerse con firmeza. Desde la lógica de política pública, el endurecimiento de penas forma parte del componente punitivo del sistema, que busca inhibir conductas a través de sanciones más altas.
En paralelo, la legisladora abordó el tema de la reforma electoral. Señaló que aún esperan el documento oficial y reiteró que cualquier modificación debe construirse con participación de todos los grupos parlamentarios. A su juicio, el foco debe estar en blindar las elecciones frente a la intervención del crimen organizado y evitar que los programas sociales se utilicen como herramienta de presión política.
En otras palabras, se trata de proteger dos frentes: la democracia y los derechos sociales. Por un lado, impedir que dinero ilícito influya en campañas; por el otro, garantizar que ningún ciudadano sienta que su apoyo gubernamental depende de su voto.
Finalmente, adelantó que la Cámara realizará una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde —dijo— será necesario reconocer avances, pero también señalar pendientes como igualdad salarial, seguridad y atención médica oportuna.
El debate legislativo refleja un momento clave: cómo equilibrar reformas penales más estrictas, reglas claras en materia electoral y compromisos sociales. En el centro de la discusión está una pregunta concreta para la política pública: cómo usar la ley para proteger a quienes hoy están en mayor riesgo.
