El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para combatir prácticas engañosas utilizadas por plataformas y servicios financieros digitales que inducen a los usuarios a contratar créditos, aceptar cargos recurrentes o activar suscripciones sin consentimiento plenamente informado.
La propuesta fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y busca regular los llamados “dark patterns” o “patrones oscuros”, técnicas de diseño digital utilizadas para manipular decisiones de los consumidores mediante interfaces confusas o engañosas.
Según explicó Monreal, estas prácticas se han vuelto frecuentes en plataformas digitales y servicios financieros, donde el diseño de aplicaciones y páginas web influye directamente en el comportamiento del usuario.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran los relojes con cuenta regresiva que generan sensación de urgencia para aprovechar supuestas ofertas limitadas, promociones sin fechas claras de vencimiento o procesos de compra donde el precio final aumenta debido a cargos adicionales ocultos.
El legislador también señaló casos en los que empresas muestran inicialmente tarifas bajas, como ocurre en algunos servicios de vuelos, pero posteriormente agregan costos extras durante el proceso de pago, elevando considerablemente el precio final.
La iniciativa advierte que estas estrategias digitales pueden provocar que los usuarios acepten servicios o productos financieros sin comprender plenamente las condiciones, derivando en sobreendeudamiento, deterioro del historial crediticio o pérdidas económicas.
Monreal explicó que los patrones oscuros incluyen botones camuflados, lenguaje ambiguo, opciones costosas preseleccionadas automáticamente, procesos complejos para cancelar servicios y mecanismos de consentimiento diseñados para confundir al consumidor.
El diputado argumentó que actualmente la legislación mexicana no cuenta con una definición legal específica sobre estas prácticas ni contempla reglas claras sobre el diseño de interfaces digitales en servicios financieros.
Aunque la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la legislación vigente establecen principios generales de transparencia, el entorno digital todavía carece de regulación especializada en este tipo de mecanismos tecnológicos.
De acuerdo con datos citados por Monreal, la Condusef recibió en 2022 más de 554 mil mecanismos de asesoría y reclamaciones relacionadas con servicios financieros. Del total, más del 25 por ciento estuvo relacionado con solicitudes de información y el 41 por ciento correspondió a cargos no reconocidos o productos financieros no solicitados.
El legislador destacó que los grupos más vulnerables ante estas prácticas son jóvenes de entre 18 y 29 años, así como adultos mayores que utilizan plataformas digitales para acceder a servicios financieros o programas sociales.
La iniciativa propone reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera con el objetivo de incorporar nuevas obligaciones para plataformas digitales y entidades financieras.
Entre los cambios planteados se encuentra la definición legal de “interfaz digital”, entendida como el conjunto de elementos visuales y funcionales mediante los cuales los usuarios acceden, contratan o administran servicios financieros electrónicos.
También se busca establecer una definición jurídica de prácticas engañosas en entornos digitales, describiéndolas como diseños que presionan, inducen o dificultan decisiones libres e informadas por parte de los usuarios.
La propuesta establece que las Instituciones de Tecnología Financiera deberán garantizar interfaces éticas, transparentes y neutrales, evitando mecanismos que manipulen decisiones o dificulten la cancelación de servicios y la revocación del consentimiento.
Además, contempla que el Banco de México y otras autoridades regulatorias puedan emitir disposiciones para limitar o prohibir diseños digitales que afecten la libre decisión de los consumidores o distorsionen la competencia.
Otro de los puntos relevantes es que los contratos de adhesión deberán corresponder claramente con los procesos digitales mediante los cuales son aceptados, garantizando que los términos y condiciones sean visibles, comprensibles y no engañosos.
Monreal sostuvo que esta reforma busca reconocer el derecho de los usuarios a interactuar en entornos digitales seguros, donde las plataformas no utilicen estrategias diseñadas para aprovecharse de errores, confusión o desconocimiento tecnológico.
La iniciativa se suma al creciente debate internacional sobre la regulación de grandes plataformas digitales y la necesidad de proteger a consumidores frente a mecanismos de manipulación utilizados en aplicaciones, redes sociales y servicios financieros en línea.
