El caso de Evangelina López Guzmán, una mujer de 96 años, ha generado una fuerte ola de indignación entre actores políticos y sociales luego de que una resolución judicial en Chihuahua frenara un fallo federal que le otorgaba un pago de subsistencia y patrimonial por parte de su esposo.
La controversia se centra en la actuación de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primera de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien emitió una resolución que detuvo la orden previamente dictada por el juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca. Este último había instruido a Miguel Zaragoza Fuentes, empresario y fundador de Zeta Gas, a pagar 100 millones de pesos mensuales durante seis meses como compensación económica para su cónyuge.
De acuerdo con la información disponible, Evangelina López Guzmán y Zaragoza Fuentes compartieron décadas de vida en común y formaron una familia con 11 hijos, además de participar en actividades vinculadas al negocio familiar. Sin embargo, el empresario no ha cumplido con resoluciones judiciales emitidas tanto en México como en Estados Unidos, donde incluso un tribunal de divorcio en Texas falló a favor de la mujer, ordenando la cesión de parte del patrimonio empresarial.
La decisión de la jueza Royval Guerrero ha sido cuestionada por distintos sectores, al considerar que podría contravenir criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales obligan a los juzgadores a aplicar una perspectiva de protección especial hacia los adultos mayores, considerados un grupo vulnerable que debe garantizar su derecho a una vida digna.
En el ámbito político, el senador Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara Alta, exigió al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, presidido por el magistrado Francisco Javier Acosta Molina, investigar el actuar de la jueza. El legislador subrayó que la conducta judicial debe mantenerse libre de cualquier sospecha o conflicto de interés.
El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en el contexto de los recientes cambios en el Poder Judicial. Críticos señalan que decisiones como esta podrían afectar directamente a sectores vulnerables, en contradicción con los principios de justicia social que se busca garantizar.
Mientras continúan las disputas legales, el caso de Evangelina López Guzmán se ha convertido en un símbolo de la lucha por el reconocimiento de derechos en la vejez y por el cumplimiento efectivo de resoluciones judiciales, en un contexto donde la protección a los adultos mayores sigue siendo un tema pendiente.
