El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa. El expediente técnico detalla que el funcionario morenista habría establecido acuerdos con la facción de «Los Chapitos» desde antes de los comicios de 2021.
Según el documento oficial, los cargos imputados incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer armamento de alto poder. La fiscalía estadounidense identifica como agravante la asociación delictuosa para el tráfico masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano.
Los datos duros presentados ante la corte sostienen que, durante la elección de 2021, el grupo criminal ejecutó el robo de urnas, el secuestro de candidatos opositores y la intimidación de votantes para garantizar el triunfo del hoy gobernador. A cambio, el titular del ejecutivo estatal habría cedido el control de áreas estratégicas de seguridad a perfiles alineados con la organización delictiva.
El expediente detalla que el pacto permitió al Cártel de Sinaloa operar con impunidad, obteniendo información sensible de carácter militar y policial. Esta filtración de datos oficiales facilitó la protección de cargamentos de droga en tránsito y el resguardo de centros de almacenamiento en diversas regiones de la entidad sinaloense.
La acusación señala que el flujo de narcóticos bajo esta red de protección fue continuo, permitiendo la consolidación de la influencia del cártel sobre instituciones clave. Las autoridades de Estados Unidos subrayan que esta estructura de colaboración impidió investigaciones y operativos de detención contra los líderes de la facción liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Incluso después de asumir el cargo, se documentaron reuniones entre Rocha Moya y mandos del cártel, presuntamente custodiadas por civiles armados. En estos encuentros se habrían definido las designaciones de funcionarios en corporaciones policiacas municipales y estatales para garantizar la continuidad del tráfico transfronterizo.
El cierre del informe de la fiscalía resalta que el gobernador permitió actos de violencia brutal vinculados al narcotráfico sin consecuencias legales. Este esquema de protección institucional es señalado como el motor principal detrás del incremento en el volumen de fentanilo que llega a las ciudades estadounidenses desde el puerto de salida en Sinaloa.
